Comunidades indígenas siguen movilizadas en Susques, Argentina, exigiendo a minera una evaluación del impacto de su accionar en el territorio, mientras las fuerzas represivas intentan desalojar a quienes se están movilizando.

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“Tenemos que luchar por nuestros hijos, por nuestra hacienda, ese mineral les lastima, estamos por nuestros derechos de medio ambiente. La comunidad agotó distintas vías de diálogo dando parte a los funcionarios de la provincia no teniendo respuesta alguna más bien envían a una CPI, a intimidar a la comunidad Río Grande de Coranzulí que habrá una orden de desalojo por disposición del gobernador”, denunciaron desde la comunidad mientras alertaron que la medida de fuerza que comenzaron el jueves y que aún continúa se encuentra el peligro de desalojo.

Por su parte, la integrante de la Comunidad Aurora Choque refirió que “en mi pueblo tenemos una minera que no cumple con el impacto ambiental, somos engañados y contaminados”, aseguró Aurora Choque, tras el incumplimiento de la empresa minera Marcilese dedicada a la explotación de borato en el Yacimiento Minero de Loma Blanca ubicada en Susques.

La comunidad aseguró que en el pueblo de Abra Pampa, en donde tiene acceso que lleva a Susques, se encuentran numerosos policías.

Asimismo, la Agencia de Noticias Red Acción al citar a la comunidad relató que en septiembre de este año fueron firmados con cámaras por personas no identificadas sin realizar el consentimiento de las comunidades afectadas y sin evaluar la contaminación sobre el río y animales.

De igual manera, en la cercana comunidad de Santuario de Tres Pozos, los pobladores rechazaron la campaña dermatológica financiada por empresas litiferas, realizada sin el consentimiento de las comunidades y sin informar previamente. Al enterarse además dichas comunidades por la circulación de un flyer, rechazaron la presencia de la campaña dermatológica camuflada para obtener licencia social cuando le corresponde a la misma provincia hacerse responsable de la salud pública de todo habitante y no con financiamiento de empresas.

Cabe mencionar que, con el afán extractivista el pasado 18 de octubre, cinco familias campesinas y originarias fueron desalojadas con violencia de su territorio en las cercanías del pueblo de Guerrero, a poco más de 20 kilómetros de San Salvador de Jujuy.

“El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) había reconocido los derechos a la comunidad kolla Guerrero (toma el mismo nombre de la localidad): primero le otorgó la personería jurídica y, años después, aprobó la carpeta técnica con la cartografía de su territorio de ocupación actual, tradicional y público. Detrás del desalojo está la familia Jenefes Quevedo, parte del poder político y empresarial de la provincia”, señaló la plataforma Agencia Tierra Viva.

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